Investigaban a la familia de Luciano Arruga

Los familiares de Luciano Arruga, desaparecido el 31 de enero de 2009, y representantes de organismos de derechos humanos, pidieron el juicio político para la fiscal y el juez que investigan el paradero del adolescente, ya que ambos funcionarios judiciales, intervinieron irregularmente los teléfonos de los familiares de la victima, en lugar de investigar a los sospechosos.

Los abogados defensores pidieron el juicio político para la fiscal y el juez por “no resguardar las garantías constitucionales de las víctimas y por revictimizar a la familia Arruga”.

Luciano Arruga tenía 16 años cuando desapareció el 31 de enero de 2009, luego de ser detenido por policías de Lomas del Mirador. La hipótesis más firme es que los efectivos querían reclutar al menor para que robara para ellos. Como él se negaba, era hostigado constantemente.

Vanesa Orieta, hermana del adolescente, denunció que la policía lo detenía sistemáticamente. “Le habían ofrecido armas y liberarle la zona. Le decían que si no lo hacía iba a terminar en un zanjón”.

Después de 4 años de reclamos, el Ministerio de Justicia bonaerense, separó de manera preventiva de sus cargos a los 8 policías implicados en la desaparición de Arruga.

También fue detenido un oficial acusado de torturar al chico unos meses antes de su desaparición. El hecho ocurrió en septiembre de 2008, cuando Arruga fue detenido por “averiguación de antecedentes”.

Esa noche, recordó Orieta, “a mi hermano lo golpearon frente a mí y a mi mamá”.

Investigaban a las víctimas

La primera fiscal que tuvo la causa, también tiene pedido de juicio político por haber dejado la investigación en manos de los policías sospechados de haber sido los responsables de la desaparición del chico. Fue reemplazada por la fiscal Celia Cejas, también acusada por mal desempeño. La denuncia en su contra es porque se cree que la familia de la víctima fue investigada de manera clandestina como sospechosa de conocer información sobre el paradero del adolescente y no querer colaborar con la justicia.

El pedido de juicio político para el juez de la causa, Gustavo Banco, tiene que ver con que autorizó, sin controlar, las 15 intervenciones pedidas por la fiscal sobre los teléfono celulares de la hermana, la madre y la abuela de Luciano Arruga.

Cuando la causa pasó de la justicia provincial, donde la desaparición de Arruga era investigada como “averiguación de paradero”, a la justicia federal que la modificó como “desaparición forzada de persona”, se supo lo de las pinchaduras ilegales a la familia de la víctima.

Para los abogados, el paso a la justicia federal, “confirma lo denunciado siempre por los familiares en el sentido de que la única línea de investigación que debía seguirse es la de la participación policial en la desaparición de Luciano”.

A más de 4 años de la desaparición del menor, en la causa no hay ningún imputado.

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