Buscan a Luciano Arruga
Luego de 33 días de vigilia y acampe de los familiares y
amigos de Luciano Arruga, equipos forenses, trabajan en el ex destacamento policial en el que estuvo detenido
ilegalmente el menor que fue visto por última vez el 31 de enero de 2009.
Un equipo de forenses comenzó a trabajar en la casa de
Lomas del Mirador, donde hasta el año 2011 funcionó un destacamento policial, en busca de indicios que puedan
dar cuenta de la presencia en ese lugar de Luciano Arruga, el adolescente de 16 años que lleva casi 5 desaparecido. El
menor ya había estado detenido ilegalmente en ese lugar en otras oportunidades, donde la familia supone que fue
asesinado.
La principal hipótesis es que, como la policía le había ofrecido a Luciano que
robara para ellos, y el chico se negaba, lo perseguían y detenían sistemáticamente. Vanesa Orieta,
hermana de la victima declaró que “le
habían ofrecido armas y liberarle la zona”. Asimismo, ella y su mamá
fueron testigos de una golpiza por parte de los policías a Luciano.
Silencio cómplice
Cuando iniciaron la vigilia, hace más de un mes, a través
de un comunicado los familiares y amigos del chico desaparecido expresaron que no entendían “por qué no
actuaba la justicia, por qué nos mienten los funcionarios, por qué no se investiga el lugar”.
“Muchos fueron los funcionarios locales, provinciales y
nacionales que se comprometieron, pero no volvimos a saber de ellos, y ese silencio los hace cómplices”.
En febrero de este año, la causa que era investigada como
“averiguación de paradero”, pasó a la justicia federal que ahora la investiga como “desaparición forzada de
persona”.
Los 8 policías involucrados en la desaparición del chico,
fueron removidos de la fuerza, aunque durante estos años sólo habían sido
trasladados a otras dependencias. Ninguno está imputado.
Por otro parte, los abogados de la familia Arruga,
pidieron el juicio político para las fiscales y el juez que tuvieron la causa en los inicios, ya que delegaron la investigación
en los policías acusados por la desaparición del menor, y por pinchar ilegalmente los teléfonos de la familia de la
víctima, ya que los acusaban de conocer información sobre su paradero.
A casi 5 años de la desaparición del adolescente, y luego
de más de 30 días de acampe, Orieta declaró que “lo que hemos aprendido en este tiempo, es que sólo a través de
la organización y la lucha se consiguen los objetivos”.
El acampe va a continuar hasta que el ex destacamento no
sea transformado en un lugar dedicado a la memoria y la cultura, como lo habían prometido las autoridades
municipales de La Matanza.
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