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"La tragedia de Once se originó en los despachos"

Se cumplieron 2 años del trágico choque del tren que dejará 52 muertos y más de 700 heridos, y que pusiera en evidencia la falta total de control sobre la concesionaria que prestaban el servicio.

El sábado 22 de febrero familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once, recordaron el fatídico hecho con varios actos. El primero tuvo lugar en la estación a la 

hora que ocurrió el accidente, luego con una misa, y el último acto tuvo lugar en Plaza 

de Mayo, donde los familiares de las víctimas leyeron un comunicado en el que volvieron 

a cuestionar duramente al gobierno.

“Desde hace dos años estamos tratando de aprender algo imposible: convivir con esta tristeza. No podemos ni podremos vivir con ella. Esa es la única lucha que sabemos que vamos a perder. Pero sí aprendimos como se llora en silencio y sin lágrimas cuando se 

llora con la frente en alto”, expresaron.

“Seguimos manteniendo vivos a cada uno de los 52 en nosotros y en el pedido de todos 

los que nos acompañan. Vivos en nuestro reclamo, vivos en esta lucha desigual pero 

digna, vivos al fin y al cabo, en cada uno de los que creen que un país sano y justo es 

aquel en el que quienes causan muertes terminan presos y quienes luchamos por

la vida estamos juntos, aún con el corazón destrozado pero con la voluntad, la confianza 

y las fuerzas intactas”.

 “La tragedia de Once se originó en los despachos"

“La tragedia de Once se originó en los despachos y fue creciendo cada vez que se cajoneó una denuncia, cada vez que se dejó hacer a los Cirigliano lo que desearán con los dineros públicos. Quienes tuvieron todos los medios para evitar una desgracia, sabían que con su conducta negligente estaban generando las condiciones para un desastre. No hicieron nada para evitarlo. Fue una acción absolutamente intencional”, sostuvieron.

Uno de los momentos más duros del documento fue cuando se refirieron al abandono, que sostienen, el gobierno y principalmente la Presidenta Cristina Fernández hizo con ellos.“Al gobierno le exigimos desde el primer día lo que merecíamos. Que nos ayudaran, que no nos abandonaran. Una ayuda integral, un seguimiento de las lesiones físicas y psíquicas de los heridos y de cada una de las personas que integramos los grupos de los familiares. Nunca lo hicieron. Pero los lazos entre el gobierno y los procesados permanecieron firmes como siempre”.

Sobre la situación actual de los trenes, indicaron que “la mínima frecuencia de salida, hace que los trenes viajen repletos, y que los trayectos aumenten su duración en un 50%. Ese sufrimiento es cotidiano, y le ponemos el cuerpo cada uno de quienes tenemos que subirnos a esos trenes”.

El juicio

El 22 de febrero de 2012, a las 8:32 de la mañana, una formación proveniente de Moreno, que ingresaba a Once, chocó contra el paragolpes de contención de la estación. Por el impacto, el segundo vagón se montó sobre el primero, dejando 52 muertos y más de 700 heridos.

Pericias posteriores realizadas sobre el tren siniestrado, que deberán ser confirmadas en el juicio que comenzará el 18 de marzo, determinaron que los frenos no se habían activado, y que la formación iba a 26 km por hora a 300 metros de la estación. Actualmente deben ingresar a 5 km por hora.

También se demostró entre muchas otras fallas graves, que la valla de contención no estaba en condiciones por falta de mantenimiento.

En el juicio oral serán juzgados por estrago doloso, 29 personas, entre los que se encuentran los ex secretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime y Juan Pablo Shiavi, y los hermanos Cirigliano, los empresarios a cargo de TBA.

Además prestarán testimonio alrededor de 300 personas.

Pasaron 5 años, y Luciano Arruga no aparece

Se cumplieron 5 años de la desaparición de Luciano Arruga, visto por última vez en un destacamento policial. Con un festival, sus familiares y amigos lo recordaron y reclamaron justicia.

El 31 de enero de 2009 desapareció el adolescente de 16 años, quién era hostigado por la policía Bonaerense por no aceptar robar para ellos. La última vez que fue visto con vida, estaba en el destacamento de Lomas del Mirador, donde había sido detenido anteriormente, a pesar de ser menor de edad.Los 8 policías que se encontraban en el ahora ex destacamento policial, y acusados por la desaparición de la víctima, en un principio habían sido trasladados a otras dependencias, hasta que fueron removidos de la fuerza. Ninguno está imputado. Hay un sólo policía detenido, que se encuentra en esa situación por haber golpeado y torturado a Luciano meses antes de su desaparición. Testigos de esos golpes fueron la mamá y la hermana de la víctima. Tiempo después, perros rastreadores detectaron rastros en el destacamento y en un patrullero, y el GPS determinó que el patrullero señalado por los perros, se salió de su cuadrícula durante un tiempo considerable y sin explicación.

La causa

Los primeros cuatro años, la causa estuvo parada en el juzgado de Morón, y hace un año pasó a la justicia federal, que cambió la caratula de “averiguación de paradero” por “desaparición forzada de persona”.                                                                                                                         Los abogados de la familia Arruga, pidieron juicio político para el juez y las dos primeras fiscales que tuvo la causa, ya que delegaron la investigación en la policía Bonaerense, fuerza a la que pertenecen los policías acusados. 

Asimismo, la última fiscal que llevaba el caso, pinchó ilegalmente los teléfonos de la hermana, la mamá y la abuela de Luciano Arruga, bajo la acusación de que conocían el paradero de la víctima. 

Afines del año pasado, familiares y amigos del menor, realizaron un acampe de más de 30 días en el ex destacamento policial, y lograron que un equipo de forenses buscara indicios del chico desaparecido en ese lugar.

“Inoperancia y complicidad judicial”

Desde la Comisión Provincial de la Memoria (CMP), se manifestaron a través de un comunicado sobre el caso Arruga. “La inoperancia y la complicidad en la actuación judicial retrasó durante más de 4 años que se asumiera que se trataba de una desaparición forzada, y la complicidad policial hicieron que se perdiera un tiempo valiosísimo para el esclarecimiento del caso". 

Asimismo indicaron que, “como venimos sosteniendo, el daño realizado en la investigación, tanto por la primera fiscal, como por el Ejecutivo provincial y las protecciones no dichas, pero si verificadas en la práctica a estos policías sospechados, dañaron la capacidad de conocer la verdad y por lo tanto, conseguir justicia”.                                                                      Finalmente, expresaron que “el secuestro, la tortura y posterior desaparición de Luciano, no son hechos aislados, constituyen la cara más feroz de prácticas policiales sistemáticas que vulneran cotidianamente los derechos humanos de los jóvenes pobres de la provincia, y al mismo tiempo revelan las consecuencias que derivan de las demandas de mano dura y mayor represión”.