“El tren estuvo abrazado a los vientos de la fortuna 

hasta que el 22 de febrero cambiaron de dirección”.

Comenzó el juicio que determinará quiénes fueron los responsables de la tragedia de Once. Los acusados son 29, y entre ellos se encuentran dos ex secretarios de Transporte de la Nación.

En el juicio oral y público que buscará establecer los culpables del hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012, se investigan los delitos de descarrilamiento culposo agravado por muerte y defraudación en perjuicio de 51 víctimas fatales y 789 lesionados. Asimismo, declararan alrededor de 350 testigos.

En la primera jornada, el fiscal sostuvo que “hubo un pacto explícito o implícito entre TBA, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Secretaría de Transporte, que disolvió cualquier chance de control real sobre el material rodante y el servicio”. Es decir, que más allá de si la formación frenaba bien ese fatídico día, la acusación del fiscal buscará demostrar la responsabilidad que tuvieron los titulares de TBA y los ex funcionarios del gobierno nacional.

En ese sentido, se estableció que entre 2003 y 2009, los fondos que recibió TBA por parte del Estado tuvieron un incremento del 132%, pero “eso no se vio reflejado en una mejora en el servicio de los trenes”, aseguró el fiscal en su acusación.

“Evidente complicidad de los funcionarios”

“La falta de inversión de la empresa TBA fue creando una bomba que podía explotar en cualquier momento. Esto fue posible por la evidente complicidad de los funcionarios que actuaron privilegiando los intereses del concesionario. El tren siguió abrazado a los vientos de la fortuna hasta que el 22 de febrero cambiaron de dirección”.

Sobre la responsabilidad del maquinista, Marcos Córdoba, el fiscal indicó que “conducía a elevada velocidad”.

En ese sentido, días antes de que comenzara el juicio, se conoció el resultado de un peritaje sobre el tren siniestrado que señaló que los frenos funcionaban bien y que se trató de un error humano del motorman.

Caso Arruga: reincorporan a los policías acusados por la desaparición del adolescente.

El Ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, levantó las sanciones que pesaban sobre los ocho policías sospechados de estar implicados en la desaparición de Luciano Arruga, en enero de 2009. A partir de esta medida, volverán a ocupar sus cargos dentro de la fuerza.

Un fallo judicial a favor de uno de los acusados, que al igual que los demás, estaba con “disponibilidad preventiva”, por su presunta participación en el caso, fue la justificación por la cual el funcionario tomó la decisión de reincorporar a todos los efectivos, a pesar de que el fallo era sobre uno solo de ellos. Al levantarse la sanción, los policías podrán volver a portar el arma reglamentaria.

“Esto es escandaloso y es consecuencia de una política que lleva cinco años en todos los casos de violencia policial, pero sobre todo en el caso Arruga”, afirmó el abogado de la familia de la víctima.

“Nunca se avanzó en los sumarios abiertos contra los policías. Y es una política que empezó en el gobierno bonaerense durante la gestión de los ex ministros de Seguridad Carlos Stornelli y Ricardo Casal, y que sigue adelante con Granados”.

“Una política que garantiza la impunidad de los policías”

El abogado también sostuvo que “el problema central es que el gobierno bonaerense no colabora en absoluto con la justicia cuando se investiga a policías. Todo forma parte de una política que garantiza la impunidad de los policías”.

Desde la cuenta de twitter @LucianoArruga, la familia del adolescente desaparecido desde hace 5 años, expresó su indignación con la medida.

“Reincorporar a los secuestradores y desaparecedores de Luciano a días del 24 de marzo: toda una declaración de principios Nac&Pop”.

“Declaración de principios en dos sentidos: quieren que este caso quede impune (no lo van a lograr) y quieren a esta policía para reprimir”.

Luciano Arruga fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Meses antes, y en ese mismo lugar, fue golpeado por los policías delante de su mamá y su hermana.

La hipótesis más firme es que la policía lo detenía constantemente porque el adolescente de 16 años se negaba a robar para ellos.

En un principio, la causa fue caratulada como “averiguación de paradero”, y recién el año pasado, cuando pasó a la justicia federal, fue recaratulada como “desaparición forzada de persona”.

Ninguno de los ocho policías acusados, fue procesado por el hecho.